Abogado laboral en José C. Paz: despidos, trabajo en negro e indemnizaciones

Un despido sin causa genera cuatro conceptos principales: la indemnización por antigüedad, la indemnización sustitutiva de preaviso, la integración del mes de despido y la liquidación final con vacaciones y aguinaldo proporcionales.

La indemnización por antigüedad del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo equivale a un mes de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año por cada año trabajado, y cada fracción mayor a tres meses se cuenta como año completo.

La reforma laboral trajo dos precisiones sobre el cálculo. La base ahora excluye expresamente el aguinaldo (SAC) y los conceptos que no se pagan mes a mes —premios, gratificaciones y bonificaciones extraordinarias—. Y se incorporó al texto de la ley el piso del fallo "Vizzoti": la base mantiene el tope de tres veces el promedio de las remuneraciones del convenio, pero ese tope nunca puede reducir la base por debajo del 67% de tu mejor remuneración mensual, normal y habitual (antes esto surgía solo de la jurisprudencia). Por eso conviene revisar la liquidación contra el recibo: una base mal armada es la diferencia más grande.

Si trabajaste sin estar registrado, o registrado con una fecha de ingreso posterior a la real o con un sueldo menor al que cobrabas, el reclamo por la relación no registrada sigue existiendo: se puede acreditar aunque no haya papeles, y el reclamo por la indemnización común, el preaviso, las vacaciones y el aguinaldo se calcula sobre tu sueldo y tu antigüedad reales.

Lo que cambió es la multa adicional por no estar registrado. El artículo 99 de la ley 27.742 derogó los artículos 8 a 17 de la ley 24.013, y su artículo 100 abrogó por completo la ley 25.323, ambas vigentes desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial: el 9 de julio de 2024. Para hechos posteriores a esa fecha ya no existen esas multas tarifadas, y el camino es reclamar la reparación del daño según el Código Civil y Comercial, sin un monto fijado por ley.

Para hechos anteriores al 9 de julio de 2024 esas multas siguen correspondiendo. Ojo con el plazo: prescriben a los dos años desde que cada suma se hizo exigible (art. 256 LCT), así que si tu situación es de esa época puede estar por vencer justo ahora. No lo dejes pasar sin consultar.

La reforma laboral creó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL): un aporte mensual obligatorio del empleador, de entre el 1% y el 2,5% de la nómina, destinado a ayudar a financiar el pago de las indemnizaciones por despido de los trabajadores registrados. El régimen entra en vigencia el 1° de noviembre de 2026, así que todavía no está operativo. Para que el fondo cubra una indemnización se necesitan al menos seis meses de aportes acumulados y que el trabajador tenga como mínimo doce meses de antigüedad registrada al momento del despido. No modifica lo que le corresponde al trabajador ni la responsabilidad del empleador: es solo un mecanismo de financiamiento.

Y cambió cómo se cobra. Por un lado, lo que el condenado debe pagar por costas —incluidos los honorarios de todo tipo de la primera o única instancia— quedó topeado en el 25% del monto de la sentencia; si la regulación supera ese tope, el juez prorratea los montos entre los profesionales. Hay un detalle que conviene saber: para ese cálculo no se cuentan los honorarios de los profesionales que representaron o patrocinaron a la parte condenada en costas, así que el tope no se consume con el abogado de la otra parte. Por otro, las condenas pueden pagarse en cuotas: hasta seis para grandes empresas y doce para pymes, aunque los honorarios se abonan al contado y varios juzgados ya declararon inconstitucional el pago en cuotas de la indemnización por tratarse de un crédito de carácter alimentario. Su aplicación termina dependiendo de lo que resuelva el juez en cada caso.

Los créditos laborales prescriben a los dos años, según el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo. El plazo corre desde que cada suma se hizo exigible, no desde el despido.

Que el plazo no esté vencido no significa que convenga esperar: con el tiempo se pierden testigos, recibos y mensajes que después hacen falta para probar el reclamo.

En la provincia de Buenos Aires no hay instancia de conciliación previa obligatoria: el reclamo empieza con una intimación por telegrama o carta documento y, si el empleador no responde o no acuerda, se demanda directamente ante el Tribunal de Trabajo que corresponde al domicilio del trabajador o al lugar donde prestaba servicios.

La duración depende del tribunal, de la prueba y de si la otra parte concilia. No damos plazos estimados de resolución: dependen del juzgado y de cada caso.