Abogado laboral en José C. Paz: despidos, trabajo en negro e indemnizaciones

Un despido sin causa genera cuatro conceptos principales: la indemnización por antigüedad, la indemnización sustitutiva de preaviso, la integración del mes de despido y la liquidación final con vacaciones y aguinaldo proporcionales.

La indemnización por antigüedad del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo equivale a un mes de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año por cada año trabajado, y cada fracción mayor a tres meses se cuenta como año completo.

La reforma laboral trajo dos precisiones sobre el cálculo. La base ahora deja afuera lo que no se devenga y se paga mes a mes: el aguinaldo (SAC), las vacaciones y los premios que no son mensuales. Y se incorporó al texto de la ley el piso del fallo "Vizzoti": la base mantiene el tope de tres veces el promedio de las remuneraciones del convenio, pero ese tope nunca puede reducir la base por debajo del 67% de tu mejor remuneración mensual, normal y habitual (antes esto surgía solo de la jurisprudencia). Por eso conviene revisar la liquidación contra el recibo: una base mal armada es la diferencia más grande.

Si trabajaste sin estar registrado, o registrado con una fecha de ingreso posterior a la real o con un sueldo menor al que cobrabas, el reclamo por la relación no registrada sigue existiendo: se puede acreditar aunque no haya papeles, y el reclamo por la indemnización común, el preaviso, las vacaciones y el aguinaldo se calcula sobre tu sueldo y tu antigüedad reales.

Lo que cambió es la multa adicional por no estar registrado. El artículo 99 de la ley 27.742 derogó los artículos 8 a 17 de la ley 24.013, y su artículo 100 abrogó por completo la ley 25.323, ambas vigentes desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial: el 9 de julio de 2024. Para hechos posteriores a esa fecha ya no existen esas multas tarifadas. Si además se puede reclamar una reparación por la falta de registración, y cómo, hay que analizarlo caso por caso: desde la ley 27.802, el artículo 278 de la Ley de Contrato de Trabajo declara incompatibles las prestaciones laborales con los reclamos de daños y perjuicios del Código Civil y Comercial.

Para hechos anteriores al 9 de julio de 2024 hay que analizar cada caso. Además, el plazo de prescripción es de dos años (art. 256 LCT), así que para situaciones de esa época el plazo general ya pasó, salvo que se haya interrumpido o suspendido. Consultá antes de dar algo por perdido.

La reforma laboral creó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL): un aporte mensual obligatorio del empleador, del 1% de las remuneraciones en las grandes empresas y del 2,5% en las pymes (art. 60 de la ley 27.802), destinado a ayudar a financiar el pago de las indemnizaciones por despido de los trabajadores registrados. El régimen entra en vigencia el 1° de diciembre de 2026 (art. 27 del decreto 408/2026, según el decreto 1228/2026) y no alcanza al personal de casas particulares (art. 58). Para que el fondo cubra una indemnización se necesitan al menos doce meses de aportes del empleador al fondo (el decreto 1228/2026 llevó ese mínimo de seis a doce) y que el trabajador tenga como mínimo doce meses de antigüedad registrada al momento del despido. No modifica lo que le corresponde al trabajador ni la responsabilidad del empleador: es solo un mecanismo de financiamiento.

Y cambió cómo se cobra. Por un lado, lo que el condenado debe pagar por costas —incluidos los honorarios de todo tipo de la primera o única instancia— quedó topeado en el 25% del monto de la sentencia; si la regulación supera ese tope, el juez prorratea los montos entre los profesionales. Hay un detalle que conviene saber: para ese cálculo no se cuentan los honorarios de los profesionales que representaron o patrocinaron a la propia parte condenada en costas, así que el tope se mide sobre los honorarios del resto de los profesionales (por ejemplo, el abogado de la parte que ganó y los peritos). Por otro, las condenas pueden pagarse en cuotas: hasta seis para grandes empresas y hasta doce para pymes (art. 277 LCT, según la ley 27.802). Su aplicación termina dependiendo de lo que resuelva el juez en cada caso.

Los créditos laborales prescriben a los dos años, según el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo. El plazo corre desde que cada suma se hizo exigible (artículo 2554 del Código Civil y Comercial), no desde el despido.

Que el plazo no esté vencido no significa que convenga esperar: con el tiempo se pierden testigos, recibos y mensajes que después hacen falta para probar el reclamo.

En la provincia de Buenos Aires no hay instancia de conciliación previa obligatoria: el reclamo empieza con una intimación por telegrama o carta documento y, si el empleador no responde o no acuerda, se demanda directamente ante el Tribunal de Trabajo. Podés elegir el del lugar donde trabajabas, el del lugar donde se celebró el contrato o el del domicilio del empleador: el lugar donde vivís no define la competencia.

La duración depende del tribunal, de la prueba y de si la otra parte concilia. No damos plazos estimados de resolución: dependen del juzgado y de cada caso.

Sí. El estudio atiende en José C. Paz y recibe casos de San Miguel, Bella Vista, Muñiz, Malvinas Argentinas, Los Polvorines, Grand Bourg, Tortuguitas, Pablo Nogués, Pilar, Del Viso y Moreno. También se atiende a distancia, por videollamada y WhatsApp, para todo el país.

José C. Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas pertenecen al Departamento Judicial de General San Martín; Pilar y Del Viso, al de San Isidro; y Moreno, al de Moreno - General Rodríguez. Qué tribunal toma cada caso se define según ese departamento y lo confirmamos antes de iniciar el reclamo.