Abogado previsional en José C. Paz: jubilaciones, pensiones y reajustes

La ley 24.241 exige una edad mínima y una cantidad de años de servicios con aportes. Cuando faltan aportes hay varios caminos posibles: acreditar los períodos trabajados que no fueron declarados, regularizarlos por las moratorias que estén vigentes, o computar tareas que dan derecho a un régimen diferencial.

El primer paso siempre es pedir la historia laboral completa en ANSES y compararla con lo que efectivamente trabajaste. Es habitual encontrar períodos que el empleador nunca declaró y que sí pueden reconocerse con recibos, testigos u otra prueba.

La moratoria previsional general venció el 23 de marzo de 2025 y no fue prorrogada. Para quienes están a menos de diez años de la edad jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años, hombres de 55 a 64), sigue vigente la UCAP (Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales, ley 27.705, Capítulo III), que permite comprar períodos no aportados anteriores a marzo de 2012. Cada unidad equivale a un mes de servicio y vale el 29% de la base mínima imponible del artículo 9 de la ley 24.241. Está pensada para quien sigue trabajando: el decreto 173/2023 exige acreditar ingresos registrados. También sigue disponible, sin fecha de vencimiento, la moratoria permanente de la ley 24.476, aunque solo cubre períodos hasta septiembre de 1993.

La alternativa hoy es la PUAM, la Pensión Universal para el Adulto Mayor: se accede a los 65 años sin exigencia de aportes, equivale al 80% de la jubilación mínima e incluye la cobertura de PAMI. Es menos que una jubilación, pero es un ingreso y una obra social.

Antes de resignarse a la PUAM conviene revisar la historia laboral: acreditar períodos que el empleador nunca declaró suma años reales, y a veces alcanza para llegar a la jubilación completa.

El reajuste procede cuando el haber inicial se calculó mal o cuando las actualizaciones aplicadas no siguieron los criterios que la Corte Suprema fijó en los precedentes "Badaro" y "Elliff", entre otros.

Es un reclamo que se hace individualmente: no se aplica de oficio a todos los jubilados. Conviene analizar primero la liquidación concreta, porque no en todos los casos hay diferencia a favor.

La pensión corresponde a la viuda o viudo, a la conviviente o conviviente en unión convivencial acreditada, y a los hijos menores de edad o con discapacidad, según lo previsto por la ley 24.241.

Cuando la convivencia no está registrada, hay que acreditarla con prueba: domicilio en común, testigos, documentación bancaria o de servicios. Es el punto donde más trámites se demoran.

Una resolución denegatoria de ANSES no cierra el tema. Se impugna primero en la vía administrativa y, si no se revierte, se demanda ante la justicia federal de la seguridad social.

El plazo para demandar judicialmente es de 90 días hábiles judiciales desde la notificación de la resolución (art. 15, ley 24.463, por remisión al art. 25, inc. a, de la ley 19.549). Vencido ese plazo sin recurrir, la resolución queda firme. Guardá la resolución con la fecha en que te la notificaron y consultá antes de que venza.