Víctima de un delito cometido por un menor: qué derechos tengo

Desde el inicio del proceso penal juvenil y hasta el final, la víctima tiene los derechos que le reconocen la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos y las leyes de protección de víctimas de cada jurisdicción (art. 7 de la ley 27.801). El juez y el fiscal deben velar en todo momento por la tutela efectiva de esos derechos (art. 6), y la protección integral de la víctima y de sus familiares es uno de los principios del régimen (art. 5, inc. n).

Si la víctima es menor de 18 años, en el proceso debe intervenir la asesoría tutelar de la jurisdicción (art. 5 de la ley 27.801).

Sí. El proceso es reservado, pero no para la víctima (art. 5, inc. i). Y la ley le da voz en varios momentos:

Durante el proceso bonaerense, el Juez de Garantías del Joven puede imponer, en audiencia oral, la prohibición de aproximarse al ofendido, a su familia o a otras personas (art. 42, inc. c, de la ley 13.634). Y en la condena, una de las penas posibles es la prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima y a su familia (art. 12, inc. b, de la ley 27.801).

Por dos vías que no se excluyen. En el proceso penal, la reparación integral del daño a la víctima es una de las penas que puede imponerse al adolescente (art. 12, inc. h, de la ley 27.801), y en la provincia, si el delito es patrimonial, el juez puede disponer que restituya la cosa, promueva el resarcimiento o compense el perjuicio (art. 75 de la ley 13.634).

En el plano civil, la ley 27.801 dice que los progenitores son civilmente responsables por los ilícitos de sus hijos según el Código Civil y Comercial (art. 7). Ese código hace a los padres solidariamente responsables por los daños que causan los hijos bajo su responsabilidad parental que viven con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal del hijo (art. 1754), con una responsabilidad objetiva que tiene excepciones (art. 1755).

Aun si el adolescente fuera declarado inimputable, la acción civil queda a salvo ante los tribunales competentes (art. 26 de la ley 27.801).

Para los procesos de competencia nacional ordinaria y federal, la ley suma los derechos de la ley 27.372 y otros propios (art. 40): asistencia especializada de psicólogos y trabajadores sociales, patrocinio jurídico gratuito si no puede pagarlo, y participar si quiere en una mediación con el adolescente. En esos procesos la mediación exige su consentimiento (art. 42). El decreto 875/2026 pone a disposición de las víctimas un equipo de psicólogos y trabajadores sociales y coordina el patrocinio gratuito con la Defensoría General de la Nación (Anexo I, arts. 1 y 2).

En el fuero penal juvenil de la provincia: los Juzgados de Garantías del Joven y de Responsabilidad Penal Juvenil con competencia territorial sobre José C. Paz tienen asiento en la ciudad de General San Martín (ley 13.634, arts. 20 inc. 15 y 21 inc. 12). Cómo funciona el régimen en general lo contamos en «Régimen Penal Juvenil: qué cambia con la ley 27.801».