Denuncié violencia familiar: qué medidas puede ordenar el juez en la provincia de Buenos Aires

La ley entiende por violencia familiar toda acción, omisión o abuso que afecte la vida, la libertad, la seguridad personal, la dignidad o la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito (art. 1). No está limitada a las mujeres: alcanza a cualquier persona víctima.

El grupo familiar es el que nace del matrimonio o de las uniones de hecho, e incluye a ascendientes, descendientes, colaterales y consanguíneos, a convivientes y a descendientes directos de alguno de ellos. La ley también se aplica cuando la violencia se ejerce sobre quien tiene o tuvo una relación de noviazgo o de pareja (art. 2).

La denuncia puede hacerse en forma verbal o escrita y pueden hacerla la víctima y toda persona que haya tomado conocimiento de los hechos (art. 3). La reciben los juzgados y tribunales de Familia y los juzgados de Paz del domicilio de la víctima (art. 6).

El juez o la jueza interviniente tiene que resolver, de oficio o a petición de parte, alguna de las medidas del artículo 7, teniendo en cuenta el tipo de violencia y con el fin de evitar que se repita. Y debe adoptarlas dentro de las cuarenta y ocho horas de haber tomado conocimiento de la situación de violencia.

Si los hechos configuran un delito de acción pública o hay menores de edad afectados, el juez que intervino lo pone en conocimiento del juez competente y del Ministerio Público. Aun si resulta incompetente, puede disponer las medidas preventivas de la ley para hacer cesar el hecho (art. 6).

La lista del artículo 7 es amplia y termina con una cláusula abierta. Estas son las que aparecen enumeradas.

No. El inciso c del artículo 7 permite ordenar la exclusión de la persona agresora de la residencia donde habita el grupo familiar independientemente de la titularidad de la vivienda. Si se ordena o no depende de las circunstancias de cada caso.

En la misma línea, si quien tuvo que irse por razones de seguridad personal lo pide, el juez puede ordenar su reintegro al domicilio, previa exclusión del presunto agresor (inciso d), y solicitar el auxilio de la fuerza pública para que recupere sus efectos personales (inciso e).

La lista no es cerrada: el inciso n habilita al juez a ordenar toda otra medida urgente que estime oportuna para asegurar la custodia y protección de la víctima. Por eso importa que en la denuncia se describa la situación concreta.

Si el agresor incumple, se da cuenta de inmediato al juez, que puede requerir el auxilio de la fuerza pública, ampliar las medidas u ordenar otras. Ante un nuevo incumplimiento puede aplicar, entre otras, una advertencia, la comunicación de los hechos al lugar de trabajo del agresor, la asistencia obligatoria a programas reflexivos, educativos o terapéuticos, o trabajos comunitarios; y si el incumplimiento configura desobediencia u otro delito, lo pone en conocimiento del juez penal (art. 7 bis).

Además de la ley provincial rige la ley nacional 26.485 de protección integral a las mujeres, que se refiere solo a la violencia contra las mujeres (art. 4). Su artículo 26 enumera medidas preventivas urgentes y, para la violencia doméstica contra las mujeres, incluye la exclusión del agresor de la residencia común y el reintegro al domicilio.

La ley 12.569 agrega que, para denunciar violencia familiar contra mujeres, no se requiere patrocinio letrado y debe garantizarse la gratuidad de las actuaciones judiciales (art. 6 bis).