Mala praxis médica: qué hacer si un error médico te dañó

«Mala praxis» no es un término del Código Civil y Comercial, sino el nombre con el que se conoce el daño causado por una atención de salud que no tuvo la diligencia debida. El Código define la culpa como la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar, y aclara que comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión (art. 1724).

Cuanto mayor es el deber de obrar con prudencia y con pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia que se le exige a quien actúa (art. 1725). Y la responsabilidad de un profesional liberal es subjetiva, salvo que se haya comprometido un resultado concreto (art. 1768). En general, entonces, no se responde por el solo hecho de que el resultado no llegó: prestar un servicio puede consistir en realizar cierta actividad con la diligencia apropiada, independientemente de su éxito (art. 774, inc. a).

Lo primero es juntar la documentación, antes de que se pierda o se discuta. Estos pasos ordenan el camino:

Hay que acreditar cuatro elementos. Si falta alguno, el reclamo se debilita:

En principio, quien alega un factor de atribución tiene que probarlo (art. 1734). Pero el juez puede distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla, y en ese caso debe avisar a las partes que aplicará ese criterio (art. 1735). No es automático: se decide en cada juicio.

Por eso importa tanto lo que consta en la historia clínica. Forman parte de ella los consentimientos informados, las hojas de indicaciones médicas, las planillas de enfermería, los protocolos quirúrgicos y los estudios y prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas (ley 26.529, art. 16).

Sí. La ley exige el consentimiento informado antes de toda actuación profesional en el ámbito médico-sanitario, público o privado, dentro de los límites que fije la reglamentación (ley 26.529, art. 6). Consiste en la información clara, precisa y adecuada sobre tu estado de salud, el procedimiento propuesto, los beneficios esperados, los riesgos y efectos adversos previsibles, las alternativas y las consecuencias de no hacerlo (art. 5; también art. 59 del Código Civil y Comercial).

Debe darse por escrito y firmado en la internación, la intervención quirúrgica y los procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos, entre otros casos (art. 7). Hay excepciones, como una emergencia con grave peligro para la vida o la salud y sin posibilidad de consentir (art. 9). Si te operaron o te internaron y no recordás haber firmado nada, es un dato que hay que revisar en la historia clínica.

Depende de quiénes intervinieron y de qué relación tenían con la institución. Si varias personas participan en la producción de un daño que tiene una causa única, se aplican las reglas de las obligaciones solidarias, y si la pluralidad deriva de causas distintas, las de las obligaciones concurrentes (art. 1751). Además, el principal responde objetivamente por los daños que causen quienes están bajo su dependencia o las personas de las cuales se sirve para cumplir sus obligaciones, cuando el hecho ocurre en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas (art. 1753).

Si la atención fue en un hospital público, la responsabilidad del Estado no se rige por el capítulo de responsabilidad civil del Código sino por las normas y principios del derecho administrativo, nacional o local según corresponda (arts. 1764 y 1765). El camino es distinto y hay que analizarlo aparte.

La ley manda una reparación plena, que consiste en volver a la víctima a la situación anterior al hecho dañoso (art. 1740). Los rubros principales son estos:

Sí, cuando el hecho configura un delito. El Código Penal castiga al que, por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causa la muerte de otro (art. 84: prisión de uno a cinco años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años) o le causa un daño en el cuerpo o en la salud (art. 94: prisión de un mes a tres años o multa, e inhabilitación especial por uno a cuatro años).

La acción civil y la penal resultantes del mismo hecho pueden ejercerse independientemente (art. 1774 del Código Civil y Comercial). Si la penal precede a la civil o se intenta durante su curso, el dictado de la sentencia civil se suspende hasta que concluya el proceso penal, con algunas excepciones (art. 1775). Cuál camino conviene, o si conviene recorrer los dos, se define en la consulta según los hechos.

En la mayoría de los casos, sí. La ley 13.951 establece con carácter obligatorio la mediación previa a todo juicio, con las exclusiones del artículo 4 (art. 2). Una de ellas son las causas en las que el Estado nacional, provincial o municipal, o un ente descentralizado, sea parte: un reclamo contra un hospital público sigue otro camino.

En la mediación la asistencia letrada es obligatoria (art. 16). El plazo es de hasta 60 días corridos desde la última notificación al requerido, y las partes pueden proponer una prórroga de hasta 15 días (art. 12). Además, el pedido de mediación suspende el plazo de prescripción, como vemos en «Mala praxis médica: cuánto tiempo tengo para reclamar».

El reclamo de una indemnización por daños prescribe, por regla general, a los cinco años (art. 2560 del Código Civil y Comercial). No conviene agotarlo: la prueba se consigue mucho mejor cerca del hecho. Cómo se cuenta ese plazo, qué lo suspende y qué lo interrumpe lo desarrollamos en una nota aparte.