La obra social no me paga el transporte para las terapias de mi hijo: qué hacer

Sí, cuando la persona con discapacidad no puede usar el transporte público gratuito. El artículo 13 de la ley 24.901 le da derecho a pedirle a su cobertura un transporte especial entre su casa y el establecimiento educativo o de rehabilitación, «con el auxilio de terceros cuando fuere necesario»: o sea, con acompañante.

La obligación es de la obra social, que tiene a su cargo la cobertura total de las prestaciones básicas que necesiten sus afiliados con discapacidad (art. 2). Puede darlas con servicios propios o contratados (art. 6): el transportista es quien maneja, pero la obligación de cubrir el traslado sigue siendo de la obra social.

El transporte es una de las prestaciones de un sistema más amplio, que repasamos en qué tienen que cubrir la obra social y la prepaga en discapacidad. Si lo que te niegan es la terapia misma y no el viaje, mirá qué hacer si la obra social te niega un tratamiento.

El primer escalón es el transporte público. Las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional tienen que llevar gratis a la persona con discapacidad entre su casa y cualquier destino al que deba ir por razones familiares, asistenciales, educativas o laborales, y a un acompañante si la necesidad está documentada (ley 22.431, art. 22, inc. a).

El transporte especial de la obra social es para cuando ese viaje no es posible. La ley habla de quienes no pueden usar el traslado gratuito «por diversas circunstancias», sin enumerarlas: por eso la orden médica tiene que explicar por qué tu hijo no puede viajar en transporte público.

Tampoco es el micro escolar que contrata cualquier familia. Es una prestación de salud que se pide a la cobertura con orden médica, y el mismo artículo alcanza el viaje a la escuela y el viaje al centro de rehabilitación. Si tu hijo va a los dos lugares, conviene que la orden y el presupuesto los nombren a los dos.

La respuesta cambia según de dónde venga la cobertura de salud de tu hijo:

La ley 24.901 obliga a las obras sociales de la ley 23.660 (sindicales, de personal de dirección y del Estado nacional, entre otras) y a las prepagas. Las provinciales, como IOMA, no están en esa lista y pueden sumarse al sistema por convenio de adhesión (decreto 1193/98, anexo I, arts. 2 y 8). Eso no quiere decir que no cubran nada: la ley invita a las provincias a dictar regímenes análogos (art. 8).

Además, la denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud está prevista para afiliados de obras sociales que son agentes del seguro de salud y para usuarios de prepagas. Si tu cobertura es provincial, el camino de reclamo es otro, y conviene revisarlo con un abogado y la documentación en la mano.

Muchas veces el problema no es una negativa sino que el transporte deja de venir: el transportista avisa que no cobra o que el valor no le alcanza, y la familia se queda sin traslado de un día para el otro.

Eso no cambia de quién es la obligación. La obra social tiene a su cargo la cobertura total (art. 2) y la presta con servicios propios o contratados (art. 6), así que, aunque el transportista deje de venir, sigue siendo ella la que tiene que garantizar el traslado. Los valores que se les pagan a los prestadores son iguales para todas las entidades obligadas y se actualizan (art. 7 bis, agregado por la ley 27.793).

El pedido entra mejor cuanto más completo está. Esta es la base para pedir el transporte y para reclamar si no llega:

Primero, a la propia cobertura y por escrito (si es PAMI, por su trámite en línea). Si tu cobertura es una obra social nacional o una prepaga y niega el transporte, no contesta o no repone el traslado que se cortó, la vía administrativa es la denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud, prevista para afiliados de agentes del seguro de salud y usuarios de prepagas.

Cuando la Superintendencia le da traslado de la denuncia, la obra social o la prepaga tienen cinco días hábiles administrativos para responder, y ese plazo se puede acortar en casos de discapacidad o de continuidad de un tratamiento. Si no contestan, o contestan sin fundamento ni respaldo, eso puede valorarse como presunción de que no cumplieron (Resolución SSS 951/2025, arts. 2 y 6, según su texto actualizado).

Cuando el tiempo pesa más que el trámite. El amparo es la «acción expedita y rápida» que prevé la Constitución contra actos u omisiones, también de particulares, que lesionen con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta un derecho reconocido por una ley, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo (art. 43).

En la práctica se evalúa cuando el corte del transporte ya está interrumpiendo las terapias o la escolaridad y la vía administrativa no llega a tiempo. No hay un resultado asegurado: depende de la documentación, de lo que diga el médico tratante y de cada caso. Por eso conviene tener armado el legajo de la sección anterior antes de consultar.

En el área de amparos de salud contamos cómo trabajamos estos reclamos.