La obra social no cubre el acompañante terapéutico: qué hacer

La ley 24.901 no menciona al acompañante terapéutico por su nombre. Lo que sí dice es que las obras sociales tienen a su cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en esa ley que necesiten sus afiliados con discapacidad (art. 2), y que la rehabilitación se cubre en forma integral «por el tiempo y las etapas que cada caso requiera» (art. 15).

La Superintendencia de Servicios de Salud lo resume así: las prestaciones que corresponden a la discapacidad acreditada se brindan al 100%, con una cobertura integral que va más allá del Programa Médico Obligatorio, y la discapacidad se acredita con el certificado. Las prepagas tienen el mismo piso, porque la ley 26.682 las obliga a cubrir el sistema de prestaciones de la ley 24.901 (art. 7).

Como la ley no lo nombra, la discusión se da caso por caso, y la indicación médica es la prueba central. Las coberturas generales de discapacidad están en esta nota.

Si el pedido no explica para qué está el acompañante dentro del tratamiento, es fácil que se lo trate como un cuidado o un apoyo escolar, que son prestaciones distintas. La indicación tiene que dejar claro que es una función terapéutica, con objetivos y bajo la supervisión del equipo que trata al paciente.

Tampoco es lo mismo que el asistente domiciliario, que la ley 24.901 prevé aparte: lo indica el equipo interdisciplinario de la propia obra social, que evalúa la intensidad, la duración y la continuidad de esos apoyos (art. 39, inc. d, incorporado por la ley 26.480).

La ley prevé que el equipo interdisciplinario haga un pronóstico estimativo de cuánto tiempo debe permanecer una persona en un servicio (art. 12, ley 24.901). Por eso el pedido es más fuerte cuanto más concreto: una indicación que solo dice «acompañante terapéutico» deja todo librado a la auditoría de la obra social.

Un recorte de horas se reclama igual que una negativa: pedí la decisión por escrito, con las horas autorizadas, y pedile al equipo tratante un informe sobre qué efecto tiene el cambio. La continuidad del tratamiento es uno de los motivos por los que la Superintendencia puede acortar los plazos de respuesta de la obra social (Resolución SSS 951/2025, art. 6, según la Resolución SSS 951/2026).

Mientras tanto, llevá un registro de las sesiones que se perdieron y de lo que pasó en esos días. Ese registro es prueba de por qué el acompañamiento no se puede cortar.

Ante la Superintendencia de Servicios de Salud, con la denuncia por prestaciones de discapacidad. Es para afiliados de obras sociales nacionales y de prepagas, no tiene costo y se presenta en línea por Trámites a Distancia, en forma presencial con turno o por correo postal.

Una vez corrido el traslado, la obra social o la prepaga tiene cinco días hábiles administrativos para responder, y en casos de discapacidad o continuidad de tratamiento ese plazo se puede acortar.

Cuando la interrupción ya está afectando al paciente o la respuesta administrativa no llega a tiempo. El amparo procede contra actos u omisiones de autoridades públicas y también de particulares que lesionen un derecho con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, si no hay otro medio judicial más idóneo (art. 43, Constitución Nacional), y junto con él se puede pedir una medida cautelar para evitar un perjuicio inminente o irreparable, según el código procesal del tribunal que intervenga (en los que aplican el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, su art. 232). Que se conceda depende de la prueba del caso.

Si el reclamo es contra una obra social nacional, interviene la justicia federal (art. 38, ley 23.661). Para el recorrido general de un tratamiento negado está esta nota, y lo que atendemos en el tema, en el área de amparos de salud.